Durante más de 8 horas el Gobierno Nacional y las autoridades tradicionales wayuu debatieron los puntos incluidos en el pliego de peticiones presentado por los indígenas para levantar los bloqueos que impedían la comunicación vial entre los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena.
El encuentro se desarrolló en el municipio de Manaure y participaron por parte del Gobierno Nacional la viceministra para el Diálogo Social, Lilia Solano; el director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, German Carlosama; el asesor de la Consejería Presidencial para las Regiones, Andrés Chávez y el gerente especial designado para La Guajira, Luis Gómez Pimienta.
Por el pueblo wayuu, estuvieron como representantes los líderes Javier Rojas, Reinaldo Velásquez, Rafael Ramírez y Matilde Arpushana, así como también algunas autoridades tradicionales.
Sobre la 1:50 de la madrugada de este miércoles fue firmado el acuerdo que contiene 13 puntos que abarcan “el cumplimiento de las órdenes judiciales y medidas cautelares proferidas a favor del pueblo wayuu”, informó la viceministra, Lilia Solano. Posteriormente, fueron despejadas las vías en todo el departamento.
Los acuerdos
En primera medida, se pactó el cumplimiento de las siguientes órdenes judiciales y medidas cautelares en protección de los niños y niñas wayuu: MC 51-15 de 2015, resoluciones 60/2015, 3 de 2017 y 51 de 2017 CIDH, sentencias T-007 de 1995, T-704 de 2006, T-155 de 2015, T-466 de 2016, T-302 de 2017, T-415 de 2018, T-359 de 2018, T-172 de 2019 y auto 004 de 2009, al igual que los recursos para su acatamiento. Para ello, se garantizará el diálogo genuino en la zona rural de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
Además, se acordó la designación de un equipo técnico permanente conformado por profesionales de diferentes áreas para el acompañamiento en la construcción de los programas, políticas públicas y planes de acción de las sentencias. Sumado a ello, el restablecimiento de la ruta metodológica diseñada y definida por las autoridades tradicionales de las diferentes territorialidades de las comunidades wayuu asentadas en los municipios sujetos de derechos.
Se otorgará por decreto presidencial el funcionamiento de los territorios wayuu y las garantías de la gobernanza wayuu para el ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales del resguardo de la Alta y Media Guajira; así como también una política pública para el cumplimiento de esos derechos en zonas de fronteras, que garantice su desarrollo sostenible con el aprovechamiento de las potencialidades geográficas, sociales y culturales endógenas.
Por otra parte, se acordó el diseño, construcción y socialización para la Inclusión de un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo de los mecanismos para el cumplimiento del acumulado de sentencias y medidas cautelares.
En el acuerdo, que deberá ponerse en marcha de manera inmediata, también fueron incluidas comunidades afrodescendientes y los indígenas asentados en el sur del departamento. Con ellos también deberá haber diálogo genuino.
Según informó la viceministra Solano, el documento deberá ser firmado por el presidente, Gustavo Petro. Además, el ministro del interior, Alfonso Prada, y el consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, deberán venir en los próximos días a La Guajira a protocolizar el acuerdo.
