La Corte Constitucional volvió a encender las alarmas sobre la crisis humanitaria que enfrenta el pueblo Wayúu en La Guajira. A través del Auto 1179 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento calificó como de “cumplimiento bajo” el objetivo de mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y ampliar la cobertura de seguridad alimentaria en el departamento.
El Alto Tribunal advirtió que, pese a los reportes de diferentes entidades estatales, las medidas no han generado un impacto real en la lucha contra el hambre que afecta a miles de familias indígenas. Persisten fallas en el diseño de la política pública, inconsistencias presupuestales, acciones débiles y mal implementadas, así como reportes de información incompletos y sin indicadores claros que permitan medir el goce efectivo de los derechos.
Para la Corte, resulta inadmisible que, después de siete años de emitida la Sentencia T-302 de 2017, las cifras de desnutrición y mortalidad infantil no hayan disminuido de manera considerable.
En materia de seguridad alimentaria, la Sala concluyó que los programas e inversiones realizados no garantizan una alimentación sostenible y soberana para la niñez Wayúu. También señaló el desequilibrio entre las acciones adelantadas por el Gobierno nacional y las que corresponden a los municipios, la falta de un plan estructural que supere el asistencialismo y la ausencia de instrumentos clave como la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), que se encuentran desactualizados.
La Corte destacó que este panorama refleja bloqueos institucionales graves que impiden avanzar en la garantía de derechos fundamentales. Entre ellos, mencionó la falta de acciones estructurales, las deficiencias en la recolección y el reporte de información, la carencia de indicadores de resultados y la poca transparencia y sostenibilidad de los programas.
Como medida inmediata, el Alto Tribunal ordenó al MESEPP y al Comité Técnico del Derecho Humano a la Alimentación la presentación de un plan estructural en materia alimentaria, un informe que aclare las inconsistencias detectadas en los programas existentes y la reactivación de la ENSIN y el PNSAN o la creación de mecanismos alternativos. También pidió tomar acciones urgentes en Riohacha para atender a las comunidades que hoy no cuentan con acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Finalmente, la Corte solicitó el acompañamiento de los órganos de control para vigilar la transparencia en el uso de los recursos públicos y recomendó escuchar la voz de expertos en seguridad alimentaria del pueblo Wayúu. El tribunal recalcó que la crisis no admite más dilaciones y que es hora de que el Estado pase de los informes formales a resultados reales que garanticen el derecho fundamental a la alimentación de la niñez en La Guajira.
