El Alto Tribunal sancionó a la gobernadora encargada de La Guajira, Diala Wilches Cortina, y al gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia, Ediñho De Jesús Vides Guerra, por no garantizar agua potable e incumplir fallos a favor de las comunidades wayuu de Warrutou, Warraliet, Juisharou, Topia y Tres bocas.
La decisión fue tomada al fallar una tutela que alegaba el desacato de la sentencia T-415 de 10 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional que exige garantías de agua potable para la comunidad.
Líderes de las Warrutou, Warraliet, Juisharou, Topia y Tres bocas, ubicadas en el municipio de Uribia, presentaron una acción de tutela en contra del Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Uribía SAS ESP, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud, el mínimo vital de agua potable, la igualdad y la diversidad étnica y cultural.
En una primera decisión el Tribunal Administrativo de La Guajira emitió un incidente de desacato
“En providencia del 9 de mayo de 2023 se resolvió el incidente de desacato, en el que se dejó la salvedad que se aportaron informes por parte de los apoderados y jefes de las oficinas jurídicas de las entidades que representaban, sin embargo, anunció que la responsabilidad en el incidente de desacato era de carácter personal y no institucional”.
Sin embargo, el Consejo de Estado estudió el desacato y determinó que, además de dejar en firme la sanción en contra de la actual gobernadora encargada con multa de 1SMLV, como lo impuso el Tribunal Administrativo de La Guajira, la decisión también sancionó a Ediñho De Jesús Vides Guerra en calidad de gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia SAS ESP.
Igualmente, el Alto Tribunal decidió revocar la sanción interpuesta al alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez; a la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, Andreina García Pinto; a la exdirectora de Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Cielo Rusinque Urrego; al subdirector para el manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Diego Vargas Vega; a la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas; y al director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González.
Asimismo, el Consejo de Estado pide a las comunidades wayuu colaborar con los entes territoriales y entidades del Gobierno Nacional para trabajar articuladamente a través de diálogos genuinos a través de “las consultas previas a que haya lugar, el avance de las políticas que se vienen tratando de adelantar, a fin de permitir que Estado haga presencia en el territorio y pueda generar soluciones reales para los niños y niñas, y en general, para toda la población Wayúu”
Con información de La W
