La Sección Primera del Consejo de Estado decidió estudiar de fondo tres demandas que se presentaron en contra del acto administrativo con el que la Superintendencia Nacional de Salud decidió intervenir a la EPS Sanitas.
El alto tribunal admitió este jueves tres acciones de nulidad elevadas contra la resolución 2024160000003002-6 de 2024 de la entidad dirigida por Luis Carlos Leal. Cada una busca, además, la suspensión provisional de la decisión.
Dos de las demandas reposan en el despacho de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón. Una de ellas fue interpuesta por Wilson Ruiz, el exministro de Justicia del expresidente Iván Duque y excandidato a la Alcaldía de Cali, y otra, por César Pizarro Barcasnegras.
La otra acción de nulidad fue enviada por el partido Cambio Radical a través de su director nacional, Germán Córdoba Ordóñez. Esa demanda está en poder del consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
Aunque los autos que admitieron las demandas y decidieron examinar si es necesario suspender por ahora la resolución no son públicos, Colprensa conoció que la secretaría de la Sección Primera ya recibió la orden de notificar a los accionantes.
Cambio Radical expresó en su demanda que, tras la intervención de Sanitas, la posterior intervención de Nueva EPS y la solicitud de Compensar de liquidarse, “las clínicas y hospitales no tendrán cómo garantizar nóminas” o compras de medicamentos.
“Así las cosas, en poco tiempo solo tendrán acceso a servicios de salud de calidad aquellos que puedan pagar un costosísimo seguro o tengan los recursos para atender la consulta y atención privada; mejor dicho, la eliminación del sistema de salud”, agregó.
Para la colectividad, el acto administrativo con el que se intervino a Sanitas tiene vicios de “falsa motivación”, “falta de motivación” y otros defectos que contrarían, en su concepto, varias normas, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos.
En la demanda del partido se puede notar un argumento en común con la del exministro Ruiz: uno de los apartes de la resolución acota indicadores financieros de la Nueva EPS, no de Sanitas, lo que implicaría una deficiencia que ameritaría la nulidad.
Ruiz, asimismo, aseguró que la resolución para intervenir Sanitas “no da cuenta de una sola sanción o llamado de atención” por parte de la Superintendencia. “Se deriva de ello, como mínimo, una falta de motivación del acto administrativo”.
“No se encuentra que existan antecedentes de medidas de acompañamiento o vigilancia especial, recomendaciones o planes de mejoramiento que hubiera sugerido el organismo de vigilancia y control”, añadió el exministro de Justicia.
El paso siguiente en el Consejo de Estado es notificar a todas las partes para que se pronuncien y, así, definir si debe suspenderse provisionalmente la resolución mientras la Sección Primera llega a una conclusión de fondo.
Como las solicitudes de medidas cautelares son interpretadas por la justicia como un mecanismo que requiere una respuesta urgente, podría haber una respuesta en las próximas semanas. La determinación final, por otra parte, podría tardar meses.
Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene el control de la junta directiva de Sanitas y de los bienes de la EPS a través del agente interventor Duver Dicson Vargas Rojas y una junta asesora.
La Superintendencia Nacional de Salud intervino el 2 de abril a la entidad propiedad de la multinacional Keralty con el argumento de que presentaba fallas en sus finanzas. La actuación es investigada por la Procuraduría General de la Nación.
