Cerca de 17 años han pasado de los hechos ocurridos en Bahía Portete; hombres al mando de Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y José María Barrios Ipuana, alias Chema Bala, arribaron a esta localidad en el norte de La Guajira y asesinaron a 12 indígenas wayuu entre ellas varias mujeres, siendo una de las masacres más simbólica del conflicto armado en Colombia por la violencia de género ejercida en contra de varias matronas wayuu.
Por estos hechos, Chema Bala fue condenado a 40 años de prisión y el Estado colombiano en 2017 fue sentenciado a reparar a las víctimas. Sin embargo, el diario El Espectador reveló que el Ministerio de Defensa interpuso recursos para dejar sin efecto la decisión judicial que protegió los derechos de las víctimas de la masacre.
Las lideresas de la comunidad, Victoria Ballesteros y Mariana Epinayú, con apoyo de la Comisión Colombiana de Juristas, presentaron una acción en grupo con el cual, buscan que se responsabilice al Ministerio por omitir su deber de salvaguardar la vida y la seguridad pública de la comunidad wayuu.
En ese entonces, las lideresas alertaron a las autoridades locales sobre la posible incursión paramilitar, ahora buscan que se repare el daño moral, no solo por las muertes y desplazamientos sino por la ofensa a las creencias al atacar directamente a la mujer wayuu y profanar las tumbas de sus antepasados.
En primera instancia el Juzgado Once Administrativo de Bogotá sostuvo que no existían los registros telefónicos que advirtieran que, tanto Victoria Ballesteros como Mariana Epinayú, habían alertado a las autoridades y por ello no tuvieron cómo evitar la masacre. Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas apeló esa decisión y en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el año 2017, falló a favor de las lideresas wayuu ordenando la reparación moral con $49 millones a 490 miembros de la comunidad de Bahía Portete.
Según los magistrados del Alto Tribunal, existe la evidencia suficiente que, durante la masacre, entre los días 18 y 20 de abril de 2004 en los que hicieron presencia los paramilitares, reinó un ambiente de zozobra y miedo que dio lugar al desplazamiento de más de 600 personas. Según el Centro de Memoria Histórica algunos se trasladaron a Venezuela, pero su retorno al territorio ha sido lento y la reparación ordenada no se ha hecho efectiva.
El Ministerio de Defensa presentó recientemente, una tutela con la que busca anular la condena en su contra argumentando que había cosa juzgada, lo que se refiere a que, en una la primera decisión, se negó la reparación a las víctimas. Recurso que no tuvo éxito en la primera instancia, pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado se mantuvo en que la decisión judicial no constituía ninguna amenaza en contra del Ministerio.
Sin embargo, la entidad que dirige Diego Molano, apeló y la Sección Tercera frenó el pago de los casi $50 millones a la comunidad, además, estudia otro recurso presentado por el Ministerio para dejar sin efecto la decisión que los condenó a pagar.
Según los abogados consultados por el diario El Espectador, aunque la Unidad de Víctima ha realizado algunas diligencias para reparación colectiva, el Estado no ha cumplido con su responsabilidad y con decisiones judiciales que le han ordenado indemnizar integralmente a las víctimas.
Con información de El Espectador
